Mexico es uno de los 13 paises que comienza a poner sobre el derecho a la buena alimentación para la población general. Especialmente nuestros niños. ¡Tomemos el modelo de la ley de alimentación saludable y derechos de la infancia de Oaxaca en cada una de nuestras ciudades!
La obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial han alcanzado proporciones pandémicas en las últimas décadas. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2016 había 1900 millones de personas en el mundo (39% de la población) con sobrepeso y 650 millones (13% de la población) padecían obesidad.
Latinoamérica no está exenta de esta crisis sanitaria.
Para 2019 la cifra de personas con obesidad se multiplicó por 4 con respecto a la medición realizada en 1975. Esto representa a 360 millones de personas que viven con sobrepeso (59% de la población) y 140 millones (23%) con obesidad, duplicando esta última el promedio mundial (13%).
Teniendo en cuenta estas cifras, es importante llevar adelante acciones preventivas frente a la obesidad, la diabetes y otras enfermedades no trasmisibles. 13 países latinoamericanos ya han aprobado legislaciones tendientes a fomentar la alimentación saludable. En 2021 el Congreso Nacional argentino aprobó la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que rotula los niveles de sodio, grasas trans, grasas saturadas o azúcares en los alimentos envasados.
Una medida más radical llevó adelante el Estado mexicano de Oaxaca, que el 5 de agosto de 2020 aprobó reformar el artículo 20 de la Ley Estatal N° 1363 de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para prohibir la distribución, venta, suministro, exhibición o regalo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico (ultraprocesados o “comida chatarra”) a menores de edad.
Artículo 20 de la Ley N° 1363 del Estado Libre y Soberano de Oaxaca estaba redactado de la siguiente manera:
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y mental. Por lo cual este derecho será el eje de la política pública de seguridad alimentaria del Estado.
La desnutrición y la obesidad entre las niñas, niños y adolescentes, son asuntos de salud pública en el Estado.
El Poder Ejecutivo del Estado y gobiernos municipales crearán programas de educación alimentaria y mejoramiento nutricional para las niñas, niños y adolescentes en la etapa inicial, preescolar, primaria, secundaria y medio superior en zonas identificadas con altos índices de desnutrición, anemia o en riesgo de desnutrición”.
Con la reforma de 2020 se agregó que: “El Poder Ejecutivo del Estado y los Gobiernos Municipales deberán instalar comedores en los centros públicos de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, y dotarlos de alimentos suficientes para garantizar que niñas, niños y adolescentes obtengan una alimentación adecuada, nutritiva y de calidad. Madres y padres de familia participarán en el cumplimiento de dicha garantía”.
Más adelante se incluye un artículo 20bis que señala la prohibición de distribución, venta, suministros, exhibición y regalos a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico y superior, ya sea a través de distribución automática o en máquinas expendedoras en todo el Estado de Oaxaca. Quedan exentos de esta prohibición los padres, madres o tutores legales, por lo que la medida no tiene como objetivo avanzar sobre las libertades individuales de cada familia sino el fomentar hábitos de consumo saludable.
En cuanto a la definición de bebidas o alimentos de alto contenido calórico, la normativa establece que los mismos serán aquellos que exceden los niveles máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio de acuerdo al Marco Normativo para Alimentos de México. Su infracción será penada por Ley.
La iniciativa tuvo el apoyo de 73 organizaciones civiles y de organismos de las Naciones Unidas (ONU):
Entre ells se destacan UNICEF (derechos de la infancia) y FAO (alimentación y agricultura). También inspiró a que otros distritos del país como la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de Tabasco comenzaran a plantear legislaciones similares.
Pero al mismo tiempo fue rechazada por sectores empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), la Asociación Nacional De Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, así como las empresas Bimbo, Nestlé y Coca-Cola, entre otras.
A pocos meses de su aprobación, varias organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la iniciativa comenzaron a denunciar la ausencia de políticas públicas destinadas al correcto cumplimiento de la ley. Por ese motivo lanzaron la iniciativa Por el Derecho a una Alimentación sana y Nutritiva.
Más allá de la falta de cumplimiento o de la correcta aplicación por parte del Estado de Oaxaca, la iniciativa es un paso más en la lucha por una alimentación saludable y la prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles. Que se haya incluido dentro de una Ley de Protección de niños, niñas y adolescentes también es algo que resulta positivo ya que se propone fomentar hábitos saludables desde los primeros años de vida y considera que el derecho a una buena alimentación en la infancia va más allá de simplemente tener acceso a alimentos sino que también debe incluir una dieta nutritiva y saludable.
En la población infantil el sobrepeso y la obesidad conviven con la desnutrición. 1/3 de los niñas y las niñas de Latinoamérica padecen desnutrición o sobrepeso, siendo México el país que más marcado tiene ambos extremos. Al mismo tiempo hay cada vez más casos de Diabetes Tipo 2 en la población infantil. En México se calcula que el 34,4% de los niños y las niñas padecen obesidad, siendo el Estado de Oaxaca el que ocupa el primer lugar. Por ello no es de extrañar que sea éste el que comenzó a legislar al respecto.
Para la redacción de este artículo solicitamos la opinión de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), quienes respondieron que: “nos pronunciamos por la educación en salud y nutrición por lo que estamos convencidos que la población necesita tener información necesaria sobre sus necesidades en nutrimentos y actividad física para poder elegir las porciones correctas de alimentos y bebidas. Estamos convencidos que la alimentación debe ser variada, completa, suficiente e inocua y que en una persona con diabetes se pueden incluir de todos los alimentos pero en porciones adecuadas para su edad, sexo, nivel de actividad física y control de su condición. En resumen, desde la FMD proponemos más educación”.
Lamentablemente no fue posible comunicarnos con agencias de salud, infancia o seguridad social del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que nos dieran su opinión al respecto.
En los últimos dos años la mayoría de los esfuerzos de los organismos públicos nacionales e internacionales de salud se ha orientado al COVID y a otras enfermedades transmisibles que afectan al continente (HIV-SIDA, dengue, malaria, fiebre amarilla, chagas, zika). Pero al mismo tiempo se ha descuidado la prevención de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes o la hipertensión. La lucha contra estas “otras pandemias” requiere de legislaciones como la aprobada en Oaxaca o las leyes de etiquetado de alimentos, pero estas son insuficientes sino forman parte de un plan más amplio de fomento de la educación, prevención de la salud y acceso a alimentos nutritivos y saludables para toda la población.
Agradecimientos:
A la Federación Mexicana de Diabetes (FMD).
